EL TC RESUELVE EN SENTENCIA EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA MAL DENOMINADA "AMNISTÍA FISCAL"

Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la llamada amnistía fiscal

El jueves pasado, 8 de junio,  se publicó la Sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista contra la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introdujeron diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit

público, es decir, el recurso contra la mal denominada “amnistía fiscal”.


 
Esta Sentencia declara inconstitucional la norma única y exclusivamente por haber sido utilizado un  Decreto-Ley como forma de introducción de la misma en el ordenamiento jurídico, considerando que se vulnera el artículo 86.1 de la Constitución:


 
“6. En conclusión, la medida prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Al haberlo hecho así, es evidente que no puede introducirse en el ordenamiento jurídico mediante el instrumento normativo excepcional previsto en el art. 86.1 CE; esto conduce necesariamente a declarar la disposición impugnada inconstitucional y nula, por contradecir la prohibición prevista en este precepto constitucional”.

 

La doctrina del Tribunal Constitucional es, en este tema, impecable, y da continuidad a las críticas que el propio Tribunal y la doctrina –entre la que cabe destacar a los autores vinculados a PONT MESTRES a lo largo de su trayectoria- han vertido sobre el abuso del recurso a normas del Poder Ejecutivo con fuerza de Ley.

 

No es menos cierto que la Sentencia se recrea en justificadas críticas al concepto mismo de “regularización fiscal” –a la que tacha de contraria a diversos principios constitucionales, aunque sin excluir que a través de una Ley aprobada por las Cortes Generales hubiera podido introducirse.


En cualquier caso, la  Sentencia no va a surtir efectos en los contribuyentes porque el Tribunal Constitucional acaba concluyendo que: “En último término y para precisar el alcance de la presente Sentencia, deben declararse no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas a su amparo, por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica del art. 9.3 CE (por todas, STC 189/2005, FJ 9)”. Aquí el Tribunal, sin mencionarlo, acoge uno de los corolarios de la seguridad jurídica, el principio de confianza legítima, es decir la expectativa razonable de los ciudadanos sobre que si en un tema concreto han seguido las instrucciones de la Administración, ello no puede luego comportarles consecuencias negativas o desfavorables.